a¿SERA QUE LA COMPAÑIA EXTRANJERA ESTA DISPUESTA HA INVERTIR UN ALTO PORCENTAJE DE SUS UTILIDADES, EN LA RESTAURACION DEL MEDIO AMBIENTE IMPACTADO POR LOS DAÑOS QUE CAUSE SU ACTIVIDAD EXTRACTIVA?
O DEJARAN EL TERRENO EN LAS CONDICIONES COMO SE MUESTRA QUE QUEDO EN PERU?
Hay muchas probabilidades para un No:
Esta compañía seguramente se especializa en extraer oro no en restaurar el daño que causaron y mucho menos de esta cantidad de hectáreas.
El dinero invertido en la regeneración del gran terreno costaría probablemente igual o más del valor del oro extraído.
El daño ocasionado no debería preocuparle a nadie más que a Colombia, no creo que ayuden países extranjeros y no tienen obligación, todo corre bajo la responsabilidad del gobierno, además eso aumentaría el saldo de la deuda externa.
Podría ser incluso muy poco probable la regeneración ya que la tierra seria desarraigada desde la raíz del suelo, sería un daño directo en el corazón de la fauna y por ende en la flora, no habrían minerales naturales ni vida siquiera, todo sería un desierto total como ocurrió en el Perú.
¿SERA QUE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES QUE HACEN PARTE DEL GOBIERNO DE ESTE PAIS, TAN INTERESADO EN ENRIQUECER A UNOS POCOS Y EMPOBRECER A MUCHOS, SERAN CAPACES DE SUSPENDER LAS ACTIVIDADES CONTAMINANTES Y DESTRUCTORA DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL?
No creo que sean capaces, en verdad que hay mucho dinero de por medio, dinero para mas armas, dinero que saldara parte de la deuda externa, dinero para los ricos. Esto si que es una injusticia directa donde ni la madre naturaleza sale libre, acabar con tanta biodiversidad de fauna y flora y además, y como siempre ha sucedido, ninguno de nosotros recibiremos siquiera beneficio de todo esto.
jueves, 9 de julio de 2009
viernes, 12 de junio de 2009
El ViEjO MaL D cOlOmBiA >:(
¿CÓMO HACERLES ENTENDER A LOS gobernantes de nuestro país que las guerras contra el crimen, “la mano dura y el corazón grande” ante el delito seguirán siendo inútiles mientras no emprendamos un esfuerzo concertado, inteligente y generoso, no tanto por perseguir y castigar, sino por impedir que los jóvenes se vuelvan delincuentes?
La principal causa de delincuencia hoy en Colombia es la falta de un orden incluyente en el cual los jóvenes sientan que son tenidos en cuenta por la sociedad, que se les ofrece educación, salud, respeto, el horizonte de un empleo digno, estímulos para su talento y oportunidades para realizar sus sueños. Todos esos guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes que se desmovilizan y resurgen como hongos después de cada redada no son meras expresiones del mal, son la evidencia de un orden social donde a los jóvenes no se les ofrece otro destino que las armas.
Por la educación, por la salud, por la posibilidad de desarrollar sus talentos, tienen que pagar hasta el último peso, pero por la violencia todos les pagan: la guerrilla, las bandas criminales y hasta el propio Estado.
Despreciar los recursos que ofrece la civilización para prevenir y controlar el delito es la más antigua tradición de la sociedad colombiana. Aquí la educación debería ser gratuita, como en todos los países decentes. La identificación temprana de vocaciones y talentos debería ser una práctica corriente, la orientación de los jóvenes hacia la ciencia, la tecnología, los oficios, las profesiones, la productividad y las artes debería ser la primera prioridad del orden social. Pero basta comparar el presupuesto del Ministerio de Defensa con el presupuesto del Ministerio de Cultura: para nuestros gobiernos, el poder de las armas es doscientas veces más importante que el poder de las ideas, de las costumbres y de la convivencia. Si uno hace un rectángulo y lo divide en doscientos cuadros, dejando todos en blanco y llenando de color solamente uno, tendrá ante los ojos la desconcertante relación que existe en Colombia entre el presupuesto de la guerra y el presupuesto de la cultura.
De prevenir el delito no habla nadie; de castigarlo, hablan todos. Se les hace agua la boca diciendo “cero tolerancia con el delito”, y uno creería que están hablando de empleo, de educación, de prevención, de dignidad de las comunidades: no, están hablando de cárceles y a lo mejor de tormentos. Les parece más efectivo reprimir, perseguir, hacer redadas, encarcelar, dar de baja, porque todo eso puede hacerse en seguida, en tanto que la prevención, la recuperación y la reeducación requieren esfuerzo, generosidad y una conciencia profunda de la dignidad de los seres humanos.
Y como cada gobierno sólo dura cuatro años (y el siguiente período nunca está seguro), nadie se siente con el ánimo de emprender una profunda rectificación del modelo de convivencia, que tardará unos pocos años en dar sus frutos, y le apuestan todo a la ilusión del exterminio. Pero como ocurre con el narcotráfico: por cada jefe que cae, veinte se disputan en seguida su puesto, sus rutas, su ámbito de influencia; cada vez que uno de ellos es extraditado, ascienden las nuevas promociones; a rey muerto, rey puesto, y el negocio no deja de ser próspero porque se eliminen del escenario talentos tan fácilmente reemplazables como los de un jefe de mafias.
Nos gobierna una idea de la humanidad basada en el resentimiento, en la lógica insana del furor y el castigo. Y lo que más debería hacernos pensar es que ese mal no es nuevo. Cuando yo tenía cinco años, hace medio siglo, nos decían que Colombia sería un paraíso en cuanto se diera de baja a Desquite y a Sangrenegra, los bandoleros que asolaban los campos. Yo mismo fui testigo del vuelo de los helicópteros que llegaban al norte del Tolima a pacificar la región. Hace veinticinco años me estremecía ver en fotografías de la prensa cómo sacaban cerca de Bogotá pendiendo de helicópteros los cadáveres de los guerrilleros dados de baja, o cómo hacían la exposición de sus cuerpos como de piezas de cacería. Hace veinte años sabíamos que bastaba eliminar a Rodríguez Gacha y a Pablo Escobar para que Colombia descansara por fin.
Hoy nos dicen que la guerra en los campos está terminando, pero que todos los días nacen nuevas bandas de delincuentes en las ciudades. Ahora se llaman “Los chicos malos”, “Los falsos”, “Los aguacates”, “Los Simpson”, “Los triana”, “Los chachos”. 145 bandas en Medellín, 44 en Cali, muchísimas en las otras ciudades, y panfletos amenazantes en 20 departamentos. No es irracional el temor de que, con esta manera absurda de enfrentar el delito sólo por la represión, con estas desmovilizaciones que no parecen estar acompañadas de serios procesos de recuperación de los combatientes, y sin un esfuerzo serio por cambiar la situación de los jóvenes en las barriadas, lo único que estemos haciendo es traer a las ciudades la violencia del campo.
Llegan nuevas oleadas de delincuentes, y empieza a hablarse otra vez de “limpieza social”, del terror en los barrios, “toques de queda” dictados por criminales anónimos. Y ¿no era de esperar que fuera así, cuando el Estado no tiene otro lenguaje para los excluidos que el de la violencia y de la guerra? Es urgente que se forme en Colombia una alternativa de civilización que rechace por igual todas las violencias, que no haga de la violencia la única respuesta a las bárbaras consecuencias de la injusticia. Los paños de agua tibia de una legalidad sin justicia no hacen más que demorar el caos que crece, y que puede acabar por arrastrarnos a todos.
pOR: William Ospina
La principal causa de delincuencia hoy en Colombia es la falta de un orden incluyente en el cual los jóvenes sientan que son tenidos en cuenta por la sociedad, que se les ofrece educación, salud, respeto, el horizonte de un empleo digno, estímulos para su talento y oportunidades para realizar sus sueños. Todos esos guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes que se desmovilizan y resurgen como hongos después de cada redada no son meras expresiones del mal, son la evidencia de un orden social donde a los jóvenes no se les ofrece otro destino que las armas.
Por la educación, por la salud, por la posibilidad de desarrollar sus talentos, tienen que pagar hasta el último peso, pero por la violencia todos les pagan: la guerrilla, las bandas criminales y hasta el propio Estado.
Despreciar los recursos que ofrece la civilización para prevenir y controlar el delito es la más antigua tradición de la sociedad colombiana. Aquí la educación debería ser gratuita, como en todos los países decentes. La identificación temprana de vocaciones y talentos debería ser una práctica corriente, la orientación de los jóvenes hacia la ciencia, la tecnología, los oficios, las profesiones, la productividad y las artes debería ser la primera prioridad del orden social. Pero basta comparar el presupuesto del Ministerio de Defensa con el presupuesto del Ministerio de Cultura: para nuestros gobiernos, el poder de las armas es doscientas veces más importante que el poder de las ideas, de las costumbres y de la convivencia. Si uno hace un rectángulo y lo divide en doscientos cuadros, dejando todos en blanco y llenando de color solamente uno, tendrá ante los ojos la desconcertante relación que existe en Colombia entre el presupuesto de la guerra y el presupuesto de la cultura.
De prevenir el delito no habla nadie; de castigarlo, hablan todos. Se les hace agua la boca diciendo “cero tolerancia con el delito”, y uno creería que están hablando de empleo, de educación, de prevención, de dignidad de las comunidades: no, están hablando de cárceles y a lo mejor de tormentos. Les parece más efectivo reprimir, perseguir, hacer redadas, encarcelar, dar de baja, porque todo eso puede hacerse en seguida, en tanto que la prevención, la recuperación y la reeducación requieren esfuerzo, generosidad y una conciencia profunda de la dignidad de los seres humanos.
Y como cada gobierno sólo dura cuatro años (y el siguiente período nunca está seguro), nadie se siente con el ánimo de emprender una profunda rectificación del modelo de convivencia, que tardará unos pocos años en dar sus frutos, y le apuestan todo a la ilusión del exterminio. Pero como ocurre con el narcotráfico: por cada jefe que cae, veinte se disputan en seguida su puesto, sus rutas, su ámbito de influencia; cada vez que uno de ellos es extraditado, ascienden las nuevas promociones; a rey muerto, rey puesto, y el negocio no deja de ser próspero porque se eliminen del escenario talentos tan fácilmente reemplazables como los de un jefe de mafias.
Nos gobierna una idea de la humanidad basada en el resentimiento, en la lógica insana del furor y el castigo. Y lo que más debería hacernos pensar es que ese mal no es nuevo. Cuando yo tenía cinco años, hace medio siglo, nos decían que Colombia sería un paraíso en cuanto se diera de baja a Desquite y a Sangrenegra, los bandoleros que asolaban los campos. Yo mismo fui testigo del vuelo de los helicópteros que llegaban al norte del Tolima a pacificar la región. Hace veinticinco años me estremecía ver en fotografías de la prensa cómo sacaban cerca de Bogotá pendiendo de helicópteros los cadáveres de los guerrilleros dados de baja, o cómo hacían la exposición de sus cuerpos como de piezas de cacería. Hace veinte años sabíamos que bastaba eliminar a Rodríguez Gacha y a Pablo Escobar para que Colombia descansara por fin.
Hoy nos dicen que la guerra en los campos está terminando, pero que todos los días nacen nuevas bandas de delincuentes en las ciudades. Ahora se llaman “Los chicos malos”, “Los falsos”, “Los aguacates”, “Los Simpson”, “Los triana”, “Los chachos”. 145 bandas en Medellín, 44 en Cali, muchísimas en las otras ciudades, y panfletos amenazantes en 20 departamentos. No es irracional el temor de que, con esta manera absurda de enfrentar el delito sólo por la represión, con estas desmovilizaciones que no parecen estar acompañadas de serios procesos de recuperación de los combatientes, y sin un esfuerzo serio por cambiar la situación de los jóvenes en las barriadas, lo único que estemos haciendo es traer a las ciudades la violencia del campo.
Llegan nuevas oleadas de delincuentes, y empieza a hablarse otra vez de “limpieza social”, del terror en los barrios, “toques de queda” dictados por criminales anónimos. Y ¿no era de esperar que fuera así, cuando el Estado no tiene otro lenguaje para los excluidos que el de la violencia y de la guerra? Es urgente que se forme en Colombia una alternativa de civilización que rechace por igual todas las violencias, que no haga de la violencia la única respuesta a las bárbaras consecuencias de la injusticia. Los paños de agua tibia de una legalidad sin justicia no hacen más que demorar el caos que crece, y que puede acabar por arrastrarnos a todos.
pOR: William Ospina
martes, 19 de mayo de 2009
Comentario sobre el articulo de Keines y ensayo de la movilidad en Kli
lo que pienso del articulo es que es muy interesante y mas si se trata de Cali en donde vivimos, a KEINES se le nota lo mucho que ha estudiado, y yo pense que el alcalde era muy inteligente porque ademas fue o es un humanitario medico pero se le nota que de economia no sabe nada como dice la frase que dice:¿No te da miedo pasar a la historia como medico que le saco sangre a un anemico? Si es muy parecido a nuestro caso que saca impuestos a los que menos tienen en vez que a los ricos. En cuanto a la movilidad que el MIO esta "atascado" porque de supuestamente 230.000 pasajeros que ivan a estar transportandose solo hay 70.000 y de 430 carros que hay en el sistema solo estan rodando 60.
Sobre Obama es un hombre tambien muy ingenioso ademas es muy bueno enterarse lo que esta sucediendo en nuestra ciudad. Noseria una buena idea que Cali este dividida en dos partes por la Autopista Bicentenario como si fuera el muro en la frntera Mexico-americana. Y no me gusta para nada que Cali sea la que mas le llegan desplazados.
Sobre Obama es un hombre tambien muy ingenioso ademas es muy bueno enterarse lo que esta sucediendo en nuestra ciudad. Noseria una buena idea que Cali este dividida en dos partes por la Autopista Bicentenario como si fuera el muro en la frntera Mexico-americana. Y no me gusta para nada que Cali sea la que mas le llegan desplazados.
jueves, 23 de abril de 2009
lunes, 20 de abril de 2009
LaS iNtErSeCiOnEs dl DaS
¿Hasta qué punto un gobierno puede espiar a quienes considera enemigos del Estado? Según las normas, solo mediante una orden judicial se pueden realizar seguimientos e interceptaciones telefónicas contra los ciudadanos. Eso es lógico en una situación de normalidad en seguridad y defensa. Pero ¿qué pasa en el marco de un conflicto interno? ¿Es razonable que en plena guerra se tengan normas que impidan detectar al enemigo?La respuesta al último interrogante deja mal parados a los actores involucrados en el más reciente escándalo de interceptaciones telefónicas del DAS, pues mientras algunos sectores del gobierno se han empeñado en desconocer la situación de conflicto interno, los opositores no solo la reconocen, sino que muchos hasta la justifican.En medio de un conflicto interno como el que vive Colombia, la investidura de político opositor, periodista o jurista es accesoria, pues en muchos casos son fachadas para ocultar acciones criminales en contra del Estado y por supuesto, contra la administración que lidera un bando en el conflicto.En ese orden de ideas, mal haría el gobierno en renunciar a la potestad de investigar a aquellos ciudadanos que pueden desestabilizar al país mediante apoyos y manejo de información que beneficie al bando que intenta subvertir el orden y llegar al poder por una vía diferente a la democrática.Pero aquí hay más de fondo: en Colombia, los grandes beneficiados de las interceptaciones telefónicas han sido los medios de comunicación: Noticias Uno y Semana, entre otros, han liderado la publicación de escándalos basados en grabaciones obtenidas mediante interceptaciones ilegales.¿Cómo obtuvo Noticias Uno la conversación entre Fernando Londoño y el general Rito Alejo del Río? ¿Quién hizo la grabación de la conversación del Presidente con el magistrado César Julio Valencia? ¿Y la del fotógrafo con Uribe Vélez? ¿Por qué el silencio de esos medios frente a la grabación que hizo el gobierno venezolano de una conversación entre un diplomático colombiano y José Obdulio Gaviria?Los medios han patrocinado y promovido las interceptaciones ilegales, pues han apuntalado con esas prácticas algunos de los escándalos que han desatado. Ahora, esos mismos que han logrado audiencia con la acción ilícita se rasgan las vestiduras porque supuestamente ellos fueron los interceptados.En la situación de conflicto que enfrentamos, uno de los primeros derechos sacrificados es el de la privacidad. Muchos ciudadanos estamos dispuestos a perder una porción de esa privacidad con tal de que el Estado sea capaz de detectar los elementos desestabilizadores que se mimetizan en la sociedad. Esto no pasaría en un país que disfruta de una dosis razonable de seguridad y defensa, pues en ese caso las acciones de inteligencia tendrían un propósito exclusivamente político y no de sobrevivencia del Estado frente a una amenaza terrorista como ocurre hoy en Colombia.Ahora bien: este escándalo resulta muy particular, pues se basa en las declaraciones de unos funcionarios que admiten, desde el principio, que no tienen pruebas para confirmar sus denuncias. En este sentido, lo que se demuestra desde un comienzo es que SEMANA confía en sus fuentes (los funcionarios del DAS) y eso es el resultado de dos situaciones: o que tradicionalmente las fuentes han entregado buena información o que existen las pruebas para confirmarla. En este caso no existen las evidencias, por lo que solo queda la confianza en la fuente.¿Por qué SEMANA confía en estas fuentes? La confianza entre la fuente y el periodista se construye con tiempo y paciencia, por lo cual, resulta evidente que SEMANA ha obtenido información y pruebas confiables de esos funcionarios de inteligencia, es decir, grabaciones de interceptaciones ilegales que le han servido como soporte para la publicación de algunos artículos.También resulta contradictorio el informe, pues los personajes se atreven a admitir que cometieron las interceptaciones ilegales y que las destruyeron, pero se abstienen de mencionar, con nombre propio, a quienes presuntamente dieron la orden. Esto no funciona así: “untado el dedo, untada toda la mano” y al denunciar una presunta acción ilegal, la fuente entrega la información menos compleja que es el nombre del autor intelectual del ilícito. Es más: en este caso concreto, al señalar al cabecilla de la operación, los implicados tendrían un argumento en su defensa que es el acatamiento de órdenes superiores. Pero estos testigos se arrojan toda el agua sucia sobre sus cuerpos… ¡Curioso!Pero las particularidades del escándalo no paran aquí. Una de las razones para destruir el material, dice SEMANA, es que era cuestión de poco tiempo para que las actividades ilícitas salieran a la luz pública, por cuenta de la llegada del nuevo director de la institución. Esto significa, es de Perogrullo, que el recién nombrado director no podía encontrar ese material en el DAS.¿Cómo es posible que una acción ilegal, supuestamente hecha por órdenes de la Casa de Nariño, no pueda ser detectada por un hombre de confianza del Presidente? Si Uribe es el jefe directo del DAS y supuestamente ordenó las interceptaciones, el mensajero (en este caso el director del organismo) es lo de menos. ¡Ni más faltaba que el mensajero interfiera en una misión ordenada por su jefe! Esto es subestimar la inteligencia del Presidente y creer que va a nombrar en un cargo tan sensible a una persona que no sea de su entera confianza.Esto plantea dos escenarios: o que las órdenes venían del círculo íntimo del Presidente, quien desconocía el asunto, o que los seguimientos fueron ordenados desde el DAS por funcionarios de rango medio para ganar puntos ante las máximas instancias del Gobierno, detectando la incubación de escándalos o recolectando información que serviría para neutralizar a aquellos que trabajan constantemente en golpear la imagen del gobierno y que generalmente pertenecen al bando totalitario cuyo brazo armado son las Farc.En este último escenario, lo que se ve es un deseo de satisfacer a una camarilla cercana al Presidente, que ejerce el poder y que poco a poco se ha convertido en una rueda suelta en las altas esferas de la dirección del Estado.Esto lo confirma el mismo informe al señalar que “hace años, si de la Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea”.¿Quiénes son los presuntos altos funcionarios que piden “favores”? El escándalo está tan bien estructurado para ser solo eso, que siempre quedará la duda de si existen esos dichosos cabecillas o si las declaraciones son un montaje cuidadosamente elaborado contra el gobierno, pues no existen pruebas y los testimonios son contradictorios y demasiado genéricos.Eso si: no se puede desconocer que hay olores nauseabundos que salen del edificio del DAS en Paloquemao… Bienvenidos al año electoral 2009.
Water gate Richard nixon
Los escándalos del Watergate (o simplemente Watergate) fueron una serie de escándalos políticos en los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon que acabaron con la imputación de algunos consejeros muy cercanos a Nixon, y con su propia dimisión el 8 de agosto de 1974. Los escándalos comenzaron con el arresto de cinco hombres por el allanamiento de la sede del Comité Demócrata Nacional en el complejo de oficinas Watergate, en Washington, D.C. el 17 de junio de 1972. Las investigaciones llevadas a cabo por el FBI y después por el Comité de Watergate en el Senado, el House Judiciary Committee y la prensa revelaron que este robo fue sólo una de las múltiples actividades ilegales autorizadas y ejecutadas por el equipo de Nixon. También revelaron el enorme alcance de los crímenes y abusos, que incluían fraude en la campaña, espionaje político y sabotaje, intrusiones ilegales, auditorías de impuestos falsas, escuchas ilegales a gran escala, y un fondo secreto en México para pagar a quienes realizaban estas operaciones. Este fondo también se usó para comprar el silencio de los cinco hombres que fueron imputados por el robo del 17 de junio.Nixon y su equipo conspiraron para tapar el allanamiento sólo seis días después de los hechos. Después de dos años reuniendo pruebas contra el entorno del presidente, que incluía a miembros de su propio equipo testificando contra él en una investigación del Senado, se reveló que Nixon tenía un sistema de grabación de cintas en sus oficinas y que había grabado una gran cantidad de conversaciones. Estas cintas mostraron que había obstruido a la justicia e intentado tapar el robo. Estas conversaciones grabadas serían conocidas como "The Smoking Gun" ("la pistola humeante"). Tras una serie de batallas legales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió de forma unánime que el Presidente debía entregar las cintas; él finalmente cedió.Con la certeza de una acusación de parte de la Cámara de Representantes y de una condena en el Senado, Nixon dimitió diez días más tarde, convirtiéndose en el único Presidente estadounidense que ha renunciado al cargo. Su sucesor, Gerald Ford, le concedería a Nixon un controvertido indulto por cualquier delito federal que hubiera cometido durante su mandato.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
